Demócratas exigen al Congreso ley para recuperar miles de millones en aranceles perdidos

La justicia estadounidense dio un revés contundente al Gobierno de Donald Trump al declarar ilegales los aranceles impuestos durante su administración, pero ahora son los propios afectados quienes exigen que el dinero pagado —y que supera los 166 mil millones de dólares— sea devuelto con intereses. En un esfuerzo coordinado, una coalición de 17 fiscales demócratas envió este miércoles una carta al Congreso de Estados Unidos, instando a aprobar una legislación que obligue al Gobierno federal a reembolsar de manera automática a las empresas y consumidores perjudicados por estas medidas.

El reclamo surge tras la decisión unánime de la Corte Suprema, que en junio pasado determinó que la Casa Blanca carecía de facultades para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, un instrumento legal diseñado para tiempos de crisis, no para políticas comerciales rutinarias. Los fiscales argumentan que, al no existir un mecanismo claro para la devolución de los fondos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha optado por una solución burocrática: exigir a cada afectado que presente una solicitud individual o, en su defecto, inicie un proceso judicial para recuperar su dinero. Una propuesta que, según los firmantes, resulta «inaceptable» y solo beneficia a quienes tienen los recursos para litigar.

La coalición, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, advierte que el Congreso no puede permitir que la Administración actual maneje este proceso a su conveniencia. En su misiva, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros líderes legislativos, los fiscales subrayan que los aranceles no solo encarecieron productos esenciales —desde alimentos hasta ropa—, sino que también golpearon duramente a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales operan con márgenes ajustados. «Estos gravámenes perjudicaron a negocios en todo el país y dispararon los precios de bienes básicos. Si el Gobierno no actúa con transparencia y devuelve lo que corresponde, el Congreso debe intervenir para garantizar que tanto consumidores como empresas reciban justicia», declaró James en un comunicado.

Pero el reclamo va más allá de la simple devolución del dinero. Los fiscales exigen que cualquier legislación aprobada incluya salvaguardas para asegurar que las grandes corporaciones que reciban reembolsos trasladen ese beneficio a los consumidores, quienes en última instancia absorbieron el aumento de precios. De lo contrario, advierten, el esfuerzo por corregir el error terminaría enriqueciendo a unos pocos sin aliviar el bolsillo de las familias. La carta también destaca que, en un contexto de inflación persistente, la recuperación de estos fondos podría inyectar liquidez a una economía que aún se recupera de los efectos de la pandemia y de las tensiones comerciales globales.

El debate en el Capitolio promete ser intenso. Mientras los demócratas presionan por una solución ágil y equitativa, sectores republicanos podrían oponerse, argumentando que una devolución masiva afectaría las finanzas públicas o sentaría un precedente peligroso. Sin embargo, los fiscales insisten en que la legalidad de los aranceles ya fue zanjada por el máximo tribunal del país, y que ahora corresponde al Congreso actuar con rapidez para evitar que la impunidad administrativa perpetúe una injusticia. «No se trata solo de dinero —señalan en la carta—, sino de restaurar la confianza en las instituciones y en que las reglas se aplican por igual para todos».

Mientras tanto, las empresas afectadas —desde importadores hasta minoristas— siguen a la espera de una respuesta clara. Muchos temen que, sin una ley que obligue al Gobierno a actuar, los reembolsos se diluyan en trámites interminables o queden en manos de abogados y litigios costosos. Para los consumidores, la incertidumbre es aún mayor: aunque pagaron de más en cada compra, no tienen forma de reclamar directamente lo que les corresponde. La presión ahora recae sobre el Congreso, que deberá decidir si prioriza la justicia económica o permite que el legado de una política comercial fallida siga pesando sobre millones de ciudadanos.